Durante la audiencia de revisión de medida de coerción, el tribunal evaluó los argumentos presentados por el Ministerio Público y la defensa, determinando que no existen condiciones suficientes para variar la prisión preventiva impuesta previamente, el juez consideró que la magnitud del presunto desfalco, así como la posible pena que enfrentarían los imputados en caso de ser hallados culpables, incrementan la probabilidad de evasión del proceso judicial.
El caso involucra a siete personas acusadas de participar en un esquema que habría provocado un perjuicio económico al Estado a través del sistema de seguridad social, según las investigaciones, los imputados estarían vinculados a irregularidades administrativas y financieras que afectaron directamente los recursos del Senasa, institución clave en la cobertura de salud de miles de ciudadanos.
La decisión judicial se sustenta además en la necesidad de garantizar la presencia de los acusados durante el desarrollo del proceso, así como en evitar posibles interferencias en la investigación, que aún se encuentra en curso, el tribunal valoró que los elementos de prueba presentados hasta el momento continúan siendo consistentes y suficientes para sostener la medida de coerción más severa.
Por su parte la defensa de los imputados había solicitado la variación de la medida, alegando arraigo familiar, laboral y social, así como disposición de colaborar con las autoridades y sin embargo estos argumentos no fueron considerados determinantes frente a los riesgos identificados por el tribunal.
Con esta decisión los imputados deberán permanecer en prisión preventiva mientras el proceso judicial avanza hacia las siguientes etapas, en un caso que ha generado atención pública por el impacto que tendría sobre los recursos destinados al sistema de salud en la República Dominicana