El sacerdote Ramón Rogelio Cruz Fermín afirmó este viernes que los familiares y allegados de las víctimas de la tragedia ocurrida en la Jet Set Club han pasado de pedir justicia a exigirla, al cumplirse un año y un mes del colapso que dejó 236 fallecidos y más de un centenar de heridos.
Las declaraciones fueron ofrecidas durante una misa conmemorativa realizada en honor a las víctimas del desplome del centro nocturno, ocurrido el 8 de abril de 2025 en la avenida Independencia del Distrito Nacional.
El Padre Rogelio explicó que la actividad fue organizada por la Diócesis Padre Montesinos, cuyos integrantes han acompañado de manera constante a las familias afectadas desde el momento de la tragedia.
“Hoy somos siete sacerdotes que formamos parte de esa organización, que decidimos estar aquí todo un año, el primer año era pedir justicia, ante la negativa de la justicia este año no es para pedir justicia, sino para exigir justicia”, expresó el religioso durante la ceremonia.
En el ámbito judicial el Ministerio Público presentó en noviembre de 2025 una acusación formal y solicitud de apertura a juicio contra los hermanos Antonio Espaillat y Maribel Espaillat, señalados como responsables de la operación del establecimiento al momento del colapso.
Según el expediente acusatorio, ambos enfrentan cargos por homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, tipificados en los artículos 319 y 320 del Código Penal dominicano.
Las autoridades sostienen que existieron acciones y omisiones relacionadas con la administración y condiciones estructurales del local que habrían incidido en el desplome del techo de la discoteca.
Recientemente concluyeron las audiencias preliminares del proceso y el juez Raymundo Antonio Mejía Zorrilla, titular del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para el 15 de junio de 2026 la lectura de la decisión sobre la audiencia preliminar, etapa clave que definirá si el caso avanza formalmente a juicio de fondo.
Mientras continúa el proceso judicial, familiares de las víctimas mantienen vigilias, actos conmemorativos y llamados públicos para que el caso no quede impune y se determinen responsabilidades por una de las tragedias más impactantes registradas en el país en los últimos años.