El Salvador aprobó una reforma legal que permite imponer cadena perpetua a adolescentes desde los 12 años por delitos graves como homicidio, feminicidio y violación en una medida que marca un giro drástico en su sistema de justicia penal juvenil.
La normativa que entrará en vigor el 26 de abril de 2026, forma parte de una estrategia más amplia del gobierno para endurecer las penas frente a la criminalidad, en un contexto donde la seguridad pública ha sido una de las principales prioridades estatales.
Sin embargo la decisión ha generado fuertes críticas de organismos internacionales, que advierten que la medida contradice estándares de derechos humanos y principios fundamentales de la justicia juvenil, los cuales promueven la reintegración social de los menores en lugar de castigos extremos.
Expertos en derecho y organizaciones defensoras de la niñez han señalado que imponer penas de por vida a menores podría tener consecuencias profundas en su desarrollo, además de sentar un precedente controversial en la región.
El debate se ha intensificado tanto a nivel local como internacional, colocando en el centro la tensión entre la lucha contra el crimen y la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en uno de los cambios legislativos más discutidos del país en los últimos años.