Guatemala vive una grave crisis de seguridad tras una serie de ataques coordinados perpetrados por pandillas que han dejado múltiples policías muertos y desencadenado una respuesta fuerte del gobierno para recuperar el control de la situación.
Los hechos comenzaron el fin de semana cuando inmates vinculados a la peligrosa pandilla Barrio 18 se amotinaron en tres cárceles del país, tomando decenas de guardias como rehenes y exigiendo mejoras en las condiciones carcelarias.
Tras la intervención de las fuerzas de seguridad para retomar el control de estas prisiones, los pandilleros lanzaron una serie de ataques coordinados contra oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC) en distintas zonas de Ciudad de Guatemala y sus alrededores.
Según informes oficiales la violencia escaló rápidamente y dejó un saldo de al menos siete policías muertos durante los ataques y un número significativo de agentes heridos. También se reportó la muerte de al menos un presunto pandillero en los enfrentamientos.
Posteriormente otras fuentes señalan que la cifra de agentes asesinados pudo haber aumentado incluso a ocho o más policías, incluyendo casos en que algunos fallecieron luego de resultar heridos en emboscadas posteriores.
Como consecuencia de la violencia, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, declaró un estado de sitio por 30 días en todo el país, esta medida busca dar mayores herramientas a las fuerzas de seguridad para enfrentar la ola de ataques, incluyendo la facultad de realizar arrestos sin orden judicial y limitar ciertos derechos civiles, aunque requiere aprobación del Congreso.
Además el Ministerio de Educación suspendió temporalmente las clases en todo el territorio para proteger a estudiantes y docentes ante el clima de inseguridad.
Las autoridades han señalado a grupos como Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13) como responsables de la violencia, ambos grupos están catalogados como organizaciones terroristas en Guatemala y Estados Unidos debido a su implicación en sicariato, extorsión, tráfico de drogas y otros delitos graves.
El Gobierno ha dejado claro que no negociará con pandillas y que continuará con operaciones para desmantelar su influencia tanto dentro como fuera de las prisiones.