Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, Haití atraviesa una de las crisis más profundas de su historia reciente, más de cuatro años después el país permanece atrapado en un escenario de violencia generalizada, colapso institucional y emergencia humanitaria, marcado por el control casi absoluto que ejercen las bandas armadas sobre amplias zonas del territorio nacional.
La falta de un gobierno plenamente funcional y la debilidad de la Policía Nacional de Haití han creado un vacío de poder que ha sido aprovechado por grupos criminales altamente organizados, estas bandas han expandido progresivamente su dominio sobre barrios enteros, rutas estratégicas y puntos clave para el comercio y el abastecimiento, especialmente en la capital, Port-au-Prince, donde se estima que cerca del 90 % del área urbana se encuentra bajo su control.
Las organizaciones criminales no actúan de forma aislada, en los últimos años han surgido poderosas coaliciones, como Viv Ansanm, una de las alianzas más grandes y violentas del país, liderada por Jimmy Chérizier, conocido como “Barbecue”. Esta coalición reúne a decenas de bandas que anteriormente eran rivales, unidas ahora con el objetivo de enfrentar tanto a las fuerzas de seguridad del Estado como a otros grupos criminales.
Viv Ansanm ha logrado consolidar su poder gracias a una estructura de financiamiento basada en secuestros, extorsión a comerciantes y transportistas, cobro de “impuestos” ilegales, contrabando de armas y tráfico de drogas, además sus integrantes emplean tácticas de terror, ataques coordinados, incendios de viviendas, bloqueos de carreteras y desplazamientos forzados para imponer control territorial y expulsar a comunidades enteras.
El impacto sobre la población civil ha sido devastador. Miles de personas han muerto o han sido obligadas a abandonar sus hogares, mientras que escuelas, hospitales y centros de salud han cerrado o funcionan de manera intermitente debido a la inseguridad, actualmente más de seis millones de haitianos más de la mitad de la población requieren asistencia humanitaria urgente para acceder a alimentos, atención médica y protección básica.
Ante la magnitud de la crisis, la comunidad internacional ha incrementado su apoyo a Haití, en 2025 el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la expansión de una misión internacional con el objetivo de contener a las bandas armadas y contribuir a la estabilización del país. Paralelamente, agencias humanitarias de las Naciones Unidas, como el Programa Mundial de Alimentos, la Organización Internacional para las Migraciones y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, continúan proporcionando ayuda alimentaria, atención médica móvil, protección a desplazados y monitoreo de violaciones a los derechos humanos.
La Organización de los Estados Americanos también ha intervenido mediante la elaboración de un Plan de Estabilidad y Paz para Haití, promoviendo iniciativas de cooperación regional, a su vez, una fuerza multinacional liderada por Kenia, con aportes de países de África, el Caribe y otras regiones, ha desplegado personal policial y militar especializado en operaciones urbanas y protección de civiles. Sin embargo, esta misión aún enfrenta limitaciones debido a problemas de financiamiento y logística.
Organizaciones no gubernamentales como Médicos Sin Fronteras y otras entidades humanitarias continúan brindando atención sanitaria y ayuda de emergencia, aunque muchas de sus operaciones se han visto interrumpidas temporalmente por la violencia persistente.
Pese a estos esfuerzos, expertos y analistas coinciden en que la recuperación de Haití no dependerá únicamente de acciones militares o de seguridad, la salida a la crisis exige un proceso integral y sostenido que combine el restablecimiento de las instituciones del Estado, el diálogo político, el fortalecimiento del sistema de justicia y una respuesta efectiva a las necesidades básicas de la población. Sin estos elementos, advierten, el país seguirá atrapado en un ciclo de violencia y fragilidad extrema.