El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza afirmó que el Gobierno dominicano aún no ha fijado una posición definitiva sobre la posible explotación minera en la provincia San Juan, ya que se encuentra a la espera de los estudios técnicos que permitirán evaluar la viabilidad del proyecto.
Al ofrecer declaraciones desde el Palacio Nacional, tras la celebración del Consejo de Ministros, el funcionario explicó que cualquier decisión en torno al denominado Proyecto Romero será tomada con base en criterios científicos y en apego a las mejores prácticas internacionales, en ese sentido reiteró que el Gobierno prioriza la rigurosidad técnica antes de adoptar una postura oficial.
Paliza subrayó que, mientras se desarrollan estos análisis, el enfoque principal del Gobierno en San Juan sigue siendo el fortalecimiento del sector agrícola a través del Plan San Juan, una iniciativa orientada a transformar la matriz productiva de la provincia, aseguró que este plan es independiente de cualquier discusión sobre minería y que su objetivo es impulsar el desarrollo sostenible basado en la producción agrícola.
Entre los avances alcanzados en los últimos años, el ministro destacó la promoción de cultivos más eficientes, la creación de instituciones de formación, el establecimiento de zonas francas y el impulso a rubros como el tabaco, asimismo señaló que se ha facilitado el acceso a financiamiento a bajo costo para los productores y se han refinanciado deudas, permitiendo que muchos agricultores migren de la banca informal a la formal.
En cuanto al debate sobre la minería, Paliza indicó que el Gobierno ha escuchado las preocupaciones de diversos sectores sociales, pero insistió en que no se tomará ninguna decisión sin contar con los estudios concluidos, recordó además el precedente de Loma Miranda, donde evaluaciones técnicas determinaron que no era viable desarrollar un proyecto minero debido a su impacto ambiental.
Finalmente el funcionario reafirmó que la gestión del presidente Luis Abinader actuará siempre en función del interés nacional, asegurando que cualquier iniciativa será evaluada bajo criterios que garanticen el bienestar de la población y la sostenibilidad del desarrollo.